Las democracias constitucionales requieren de instituciones sólidas para procesar los conflictos inherentes al siglo XXI, destacó el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

“La justicia constitucional debe velar por la sumisión de todos los órganos de gobierno y el ejercicio de sus competencias a la Constitución del Estado, teniendo como una de sus tareas fundamentales la protección de los derechos humanos, la vigencia de las normas constitucionales y el cumplimiento de los fines sociales del Estado”, señaló.

En un comunicado, el magistrado señaló que en materia constitucional el reto que enfrentan las sociedades latinoamericanas es hacer coincidente los anhelos o principios constitucionales con la realidad social: “Tenemos la como meta hacer de la ley fundamental una realidad social y política, congruente con sus principios y anhelos”, añadió.

Fuentes Barrera expresó lo anterior al dar la bienvenida al miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, y autor del Diccionario de Ciencia Política, Teoría del Estado, el compendio de Derecho constitucional y el Diccionario de Derecho Constitucional, magistrado Raúl Chanamé Orbe, cuyas obras son referencia en la doctrina constitucional contemporánea de Latinoamérica.

Al encuentro asistieron los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña, ante quienes afirmó que una Constitución se mantiene viva en la medida en que se convierte en el paradigma de las acciones públicas.

“Es decir, está viva en la medida en que es base, sustento y motivación de todo quehacer público, además de guía de las políticas públicas y protectora de los derechos humanos”, aseveró el magistrado.

Refirió que un Estado democrático de derecho, el Poder Judicial desempeña una función esencial para hacer realidad los postulados constitucionales en la impartición de justicia, así como en resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción.

Fuentes Barrera destacó que, en más de 20 años, la justicia electoral en México ha contribuido a la consolidación de las estructuras constitucionales en materia electoral.

Entre ellas, mencionó la representación política, el derecho a votar y ser votado, la afiliación y militancia de los ciudadanos en los partidos políticos, el desarrollo del sistema de partidos, paridad de género y protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad.