Juez ampara a estudiante contra universidad privada en Chiapas

México, 2 Ago (Notimex).- Un juez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concedió a una estudiante de Trabajo Social la protección de la justicia federal ante una universidad privada que le negó el derecho de continuar sus estudios por retraso en el pago de las colegiaturas.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez Primero de Distrito de Amparo en esa ciudad, Juan Marcos Dávila, determinó que se vulneró el derecho humano a la educación de la estudiante por el retraso en el pago de dos mensualidades.

Dávila Rangel resolvió el amparo 902/2016 en el que ordenó a la escuela dar respuesta fundada, motivada, congruente y exhaustiva, con perspectiva de género, al escrito presentado por la quejosa el 30 de marzo en el que exigía respeto a su derecho humano a la educación.

Esto, porque ella se ubica en un grupo de especial vulnerabilidad por ser mujer dedicada al trabajo doméstico, al cuidado de sus tres hijos y sin ingresos propios, a fin de no obstaculizar o impedir el acceso al goce del derecho humano a la educación.

El impartidor de justicia también invocó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la materia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Planteó que si bien se trata de una escuela particular forma parte del Sistema Educativo Nacional y, por lo tanto, sus actos pueden ser considerados como de autoridad, conforme al Artículo 10 de la Ley General de Educación.

Expuso que como la escuela cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, ejerce una atribución concedida por el Estado.

De ahí que al impedir a la estudiante inscribirse al cuarto y quinto cuatrimestres de la licenciatura en Trabajo Social ejerció actos equivalentes a los de autoridad.

En ese sentido y ante el hecho de que la escuela no fundó ni motivó la respuesta (verbal) que le dio a la alumna cuando ella presentó su escrito explicando la razón por la que no había podido pagar, se violó lo dispuesto en el Artículo 8 constitucional.

Además, al darla de baja por la falta del pago de dos colegiaturas infringió el derecho a la educación de la estudiante, establecido en el Artículo 3 de la propia Carta Magna, además de que no se le consideró la perspectiva de género.

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