Jueces argentinos proponen cambios en políticas contra narcotráfico

Buenos Aires, 31 Ago (Notimex).- Más de 250 jueces y fiscales propusieron cambios a las políticas contra el narcotráfico en Argentina para dejar de criminalizar a los consumidores de drogas ilegales y analizar la regulación de determinadas sustancias.

La “Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos”, que fue dada a conocer esta semana, explica que la llamada “guerra contra las drogas” ha producido mayores daños de los que se proponía reducir.

“Sus políticas públicas basadas en la criminalización y represión, han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y el mundo entero, sin que se haya logrado disminuir el consumo de sustancias estupefacientes ni perseguir eficazmente al crimen organizado”, afirmó.

Dicha estrategia, añadió, tampoco aseguró el derecho a la salud de las personas que usan drogas prohibidas, ni garantizó el acceso a las sustancias a quienes las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor, lo que debe modificarse.

Ante este escenario, la Declaración impulsó una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes.

“Debería contemplarse la derogación de figuras como la tenencia simple, la tenencia para consumo personal, el consumo ostentoso y el cultivo para consumo personal”, afirmó.

Si se establece un sistema de posesión de cantidades para proceder a la despenalización, agregó, “deben obedecer a una realidad de consumo y mercado, no estableciendo cantidades ínfimas que no se ajusten a la realidad y permitan la continuación de la persecución penal”.

Propuso balancear el presupuesto asignado a las medidas orientadas a disminuir la demanda en el consumo de sustancias, en función de las destinadas a contrarrestar la oferta, ya que durante décadas a escala global se priorizó el combate a la producción con nulos resultados.

En otro de sus puntos, el documento planteó la necesidad de desarrollar políticas de reducción de daños que ya se aplican en otros países, entre las que se encuentran el testeo de drogas de diseño en las fiestas electrónicas o la distribución de jeringas desechables a quienes se inyectan heroína.

Incluyó la posibilidad de aplicar a las llamadas “mulas” la ley de trata de personas en su condición de posibles víctimas, a fin de colocarlas bajo la protección de la ley, la disminución de penas, alternativas al encarcelamiento y políticas de amnistía e indulto.

Lo importante, afirmó, es ubicar a los individuos en el centro de las políticas de drogas con reformas que pongan el eje en la salud y el respeto de las libertades individuales de las personas que usan sustancias prohibidas.

La Declaración fue impulsada por la Asociación Pensamiento Penal y hasta este miércoles ya había sido firmada por 263 jueces y fiscales de todo el país, pero continuaba sumando adhesiones.

El documento adquirió mayor relevancia porque se presentó en la misma semana en la que el presidente Mauricio Macri anunció el acuerdo “Argentina sin Narcotráfico” y declaró que quería “ganar la guerra” en contra de las drogas.

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