Investigarán uso electoral de programas sociales en Ciudad de México

México, 29 Jun (Notimex).- La Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México deberá investigar el presunto uso ilegal de recursos públicos y uso indebido de los programas sociales por el gobierno capitalino durante la elección del Constituyente, ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, luego de la queja que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) con la clave JL/PE/PAN/JL/CM/PEF/34/2016 y que la Junta Local Ejecutiva desechó al considerar que los hechos denunciados no constituían una violación en materia de propaganda político-electoral.

En sesión pública, el pleno de la Sala Superior del TEPJF determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá admitir la queja para investigar el presunto uso ilegal de recursos destinados al “Seguro de Desempleo” y la condonación total del pago por el suministro de agua a los contribuyentes de diversas delegaciones capitalinas.

Además, el supuesto reparto de tinacos en la colonia Ajusco de la delegación Coyoacán y la presunta compra de votos de Miguel Ángel Rojas Torres, Coordinador Regional de Unidades Habitacionales de la Consejería Jurídica local, a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ello, a cambio de cierta suma de dinero y con la promesa de inscribir a diversos ciudadanos al programa social de empleo temporal.

Sin discusión, los magistrados aprobaron la sentencia elaborada por su homólogo Manuel González Oropeza, en el sentido de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE investigue también lo relacionado al supuesto crecimiento atípico del padrón electoral de la Ciudad de México.

De acuerdo con la queja panista, el crecimiento derivó de la migración de diversos votantes pertenecientes a distintos municipios del Estado de México con el propósito de obtener la credencial de elector y coaccionar el voto del electorado.

De tal suerte que si la conducta denunciada involucra a diversas entidades del país, debe ser la referida Unidad la que conozca de esos hechos y, en ejercicio de sus atribuciones, determine si es procedente iniciar algún procedimiento de investigación o sancionatorio al respecto, destacó la sentencia aprobada.

Por unanimidad, los magistrados electorales señalaron que indebidamente, la autoridad responsable dejó de advertir que las conductas denunciadas estaban relacionadas con la obligación que tienen los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

Así como la debida utilización de los programas sociales bajo su dirección, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral para elegir a la Asamblea Constituyente.

“El partido recurrente denunció una supuesta compra de votos y el presunto crecimiento atípico del padrón electoral de la Ciudad de México, conductas que, de resultar ciertas, pueden resultar violatorias de la normativa electoral”, avaló el pleno, al considerar que la autoridad responsable omitió pronunciarse al respecto en el acuerdo controvertido.

En el estudio del caso, los magistrados advierten que el PAN ofreció elementos de prueba como fotografías, notas periodísticas y ejemplares de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que, en principio, generan la posibilidad de que la denuncia sea admitida.

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