Instituto de transparencia pide versión pública del caso Radilla

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México, 11 Jul (Notimex).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al Archivo General de la Nación entregar la versión pública del caso Rosendo Radilla a un particular.

El pleno del INAI instruyó al ente obligado entregar el documento al solicitante en su domicilio, tal como este lo solicitó originalmente, modalidad que fue rechazada en principio por el Archivo, se informó en un comunicado.

Al exponer la resolución correspondiente ante el pleno, el comisionado Óscar Guerra Ford explicó que en principio se le ofreció al solicitante revisar in situ la versión pública del documento, bajo determinados requisitos y en copias certificadas, sin la posibilidad de enviarlo al domicilio solicitado.

Al respecto, el comisionado Guerra Ford explicó que el caso Rosendo Radilla es paradigmático en términos de derechos humanos e incluso mereció una sentencia de la Corte Interamericana en la materia por tratarse de un hecho de desaparición forzada en 1974, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer de él.

También recordó que en el marco de la discusión de la nueva Ley de Archivos, conviene recordar que este tipo de información debe fluir libremente, conforme al artículo sexto constitucional.

Confió en “que este recurso sirva como un simple antecedente porque este tipo de cosas tienen que ser totalmente normales y reglamentadas, sin ningún problema, para que la gente pueda acceder a la información”.

El expediente del caso Radilla está alojado en el Archivo General de la Nación, al cual fue transferido por la Secretaría de Gobernación como parte de los documentos generados por la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales relacionados con movimientos políticos y sociales del pasado.

En el análisis del asunto se revisó la normatividad aplicable a documentos históricos, ya que el Artículo 27 de la Ley Federal de Archivos dispone la clasificación de 30 años a partir de la creación del documento.

O de 70 años tratándose de datos personales sensibles que afecten la esfera íntima de su titular, conlleve un grave riesgo para éste o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación.

No obstante, el Artículo 30 de la referida ley permite al INAI, determinar el acceso a los documentos cuando hayan vencido los plazos de 30 o 70 años. Y dado que el expediente solicitado contiene datos personales confidenciales que deben ser protegidos, se concluyó que el acceso al mismo debe darse por procedimiento del derecho de acceso a la información.

Una vez determinada la posibilidad de acceso al expediente en versión pública para proteger los datos personales como nombres, parentesco, alias y fotografías, se advirtió que el sujeto obligado no acreditó un impedimento justificado para ofrecer como modalidad de reproducción únicamente copia certificada y consulta in situ.

Es decir, el Archivo General de la Nación debió atender el requerimiento en la modalidad de entrega elegida, es decir a domicilio. También se consideró improcedente exigir más requisitos a los particulares para ejercer su derecho de acceso a la información.

A partir de esas consideraciones, el comisionado Guerra Ford propuso poner a disposición el expediente solicitado, precisando el total de fojas que lo constituyen, en modalidad de copias simples, notificando los costos de reproducción y envío, cuidando de cumplir ciertos aspectos establecidos en las leyes de Transparencia y de Archivos.

Igualmente, se propuso que el Comité de Información del Archivo emita y proporcione el acta donde indique las partes o secciones que se eliminaron de la versión pública, con la respectiva fundamentación y motivación para considerar clasificada esa información.

Luego de obtener el respaldo de los comisionados, el Instituto Nacional de Transparencia determinó que el Archivo General de la Nación (AGN) entregue la información en el domicilio del particular, en la modalidad antes descrita.

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