Escándalos de corrupción acosan a empresarios aliados al kirchnerismo

Buenos Aires, 28 Mar (Notimex).- Empresarios que se enriquecieron al amparo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández quedaron acosados por escándalos de corrupción que deberían derivar en juicios en los que tendrán que explicar sus negocios con el poder.

Los casos más emblemáticos son los de Cristóbal López, un empresario que construyó un conglomerado de medios y estafó a los trabajadores, y Lázaro Báez, amigo cercano y socio de la familia Kirchner.

López es el dueño de Indalo, una firma creada durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) que incluye sectores tan diversos como casinos, combustibles, construcción y medios de comunicación.

Indalo llegó a construir, en asociación con el empresario Matías Garfunkel, su propio multimedios al que denominó Grupo 23 y que incluía el diario Tiempo Argentino, los canales de noticias por cable CN23 y C5N y las radios América y Rock & Pop, entre otros.

El fin del gobierno de Fernández de Kirchner, en diciembre pasado, significó el ocaso del Grupo 23, que desde entonces dejó de pagarles a cientos de trabajadores que aun hoy continúan en movilización para que la empresa cubra sus deudas.

A los reclamos salariales en contra de López se sumó un caso todavía más grave cuando el diario La Nación reveló que su empresa acumulaba una deuda impositiva por ocho mil millones de pesos (unos 530 millones de dólares) con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las autoridades fiscales beneficiaron de manera irregular a López, quien dejó de pagar un impuesto en combustibles, lo que le dejó ganancias para acrecentar su conglomerado de empresas.

Aunque López aseguró que no había cometido ninguna irregularidad y que el caso ya había sido desestimado por la justicia, varias de sus empresas ya fueron allanadas y la investigación en su contra avanza.

Báez, por su parte, volvió a atraer los reflectores luego de que un noticiero emitiera videos de cámaras de vigilancia en las que su hijo cuenta o supervisa la cuenta de millones de dólares en efectivo en una financiera ubicada en Buenos Aires.

El empresario, quien está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, está radicado en la patagónica provincia de Santa Cruz, que fue el feudo político construido por la familia Kirchner.

Durante el gobierno provincial de Néstor Kirchner, Báez se convirtió en el mayor contratista del Estado, pero su firma obtuvo aun más beneficios cuando su amigo llegó a la presidencia.

Hoy, Báez arrastra acusaciones de haber operado como prestanombres del fallecido ex presidente y de lavar fortunas que su hijo llevaba de Santa Cruz a Buenos Aires, en donde oscuros financistas las llevaban hacia paraísos fiscales.

Con el kirchnerismo fuera del gobierno nacional, ya comenzaron las peleas internas, puesto que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, advirtió de manera sorpresiva que Báez terminará preso.

La hermana de Kirchner y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aseguró, por su parte, que Báez jamás fue socio de empresas de la familia y además le canceló decenas de contratos de obras.

Como contra ataque, el empresario abandonó el bajo perfil que lo caracteriza y aseguró que él, a diferencia de Echegaray y de la gobernadora, sí puede justificar su patrimonio.