Diputados dan luz verde al nuevo sistema de justicia penal mexicano

Por Adolfo Sánchez Venegas y Elizabeth Rodríguez

México, 15 Jun (Notimex).- En poco más de 90 minutos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea penal, que modifica 10 ordenamientos legales y reforma 230 artículos de diferentes normas en materia de seguridad.

La minuta, que obtuvo el voto a favor de 445 legisladores, forma parte del Sistema Penal Acusatorio que entrará en vigor el sábado próximo.

Al fundamentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Álvaro Ibarra Hinojosa, destacó que con la denominada miscelánea penal concluye la fase de implementación y continúa la de la consolidación plena del nuevo sistema de justicia penal.

Recordó que hace ocho años inició la transformación de un modelo de justicia mixto inquisitivo por uno preponderantemente acusatorio, adversarial y oral, de corte garantista e indispensable para la consolidación del Estado social y democrático de derecho.

Es un paquete de vanguardia, nutrido de aportaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, así como autoridades en su calidad de operadores del sistema de justicia penal y de los integrantes del Congreso de la Unión.

El legislador explicó que el fin es armonizar la legislación en la materia, adecuando diversos numerales y ordenamientos, con el interés de seguir avanzando hacia el modelo de justicia penal acusatorio, y se presenta con un decálogo de grandes beneficios para la sociedad.

En aras de garantizar un debido proceso para todos los mexicanos, se veló por la mejora de las investigaciones, a fin de evitar que las personas detenidas en flagrancia quedaran injustificadamente bajo resguardo ante el Ministerio Público durante mucho tiempo.

Con ello se pretende impedir abusos, tortura y detenciones arbitrarias, a la par de fortalecer a una policía más profesional cuya actuación habrá de orientarse con protocolos claros, destacó.

Además, permite que los jueces federales, previo informe del Ministerio Público, conozcan acerca de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.

Aseguró que en ese sentido se contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, con un pronunciado fortalecimiento de la implementación de la justicia, el respeto a los derechos humanos y a la seguridad de los ciudadanos.

La miscelánea es innovadora, porque promueve el uso de la tecnología para atender eficazmente los principios del sistema acusatorio, con el objetivo de volverlo más ágil y eficaz, sin detrimento del control de garantías procesales.

Aprueba que durante el desarrollo del proceso penal se puedan utilizar los medios electrónicos, tanto en las adecuaciones como en las actuaciones, en aras de facilitar su operación, incluyendo el informe policial.

A fin de garantizar todos los derechos a las víctimas, subrayó, brinda una participación más activa a la figura del asesor jurídico, que la guía gratuitamente; le certifica una defensoría pública adecuada, dado que garantiza que se le asigne un abogado defensor que esté específicamente capacitado para la función que va a desempeñar.

El legislador priista recalcó que es un modelo acusatorio adversarial y oral, es decir que el imputado no es de ninguna manera un objeto de investigación, sino un sujeto de derechos.

Además de garantizar los derechos del imputado, la miscelánea le otorga la facultad de solicitar aclaraciones o precisiones al Ministerio Público cuando se le comunique que es investigado por un delito o le brinda la certeza jurídica en todo momento; obliga a que la lectura de sentencia se realice cinco días después de emitida, independientemente de que esta sea condenatoria o absolutoria.

Entre otros elementos, subrayó que incluye mecanismos especiales para víctimas menores de 12 años de edad, ya que en todo momento garantiza el interés superior de la niñez; y no procederán acuerdos preparatorios en los casos de violencia intrafamiliar.

Instaura limitaciones y requisitos en la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, a fin de que un miembro de un grupo delictivo pueda convertirse en un testigo colaborador, abundó el diputado.

La miscelánea garantiza que el acusado pueda desahogar pruebas durante la investigación del plazo constitucional, cuando por la naturaleza del delito haya imposición de prisión preventiva oficiosa.

Ibarra Hinojosa indicó que establece un mecanismo de control en caso del incumplimiento de medidas cautelares en observancia a los principios y características de las necesidades de cautela.

De igual manera, armoniza la duración de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos establecidos en la Constitución, dejando los dos años como plazo máximo y se elimina la propuesta de un catálogo de supuestos en los que se puede prolongar dicho periodo.

Con las modificaciones, un imputado por secuestro podrá acceder a un procedimiento abreviado cuando admita su culpabilidad, a fin de agilizar el proceso judicial y generar una mayor eficacia en la persecución de los ilícitos graves; además, otorga asesoría gratuita a las víctimas de este delito.

Es preciso fortalecer al nuevo sistema de justicia penal para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, a través de un entramado constitucional y legado moderno y eficaz, que facilite la tarea de las autoridades y a la vez proteja a las víctimas y respete los derechos de los imputados, puntualizó.

La minuta proveniente de la colegisladora con Proyecto de Decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, y Penal Federal, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, de las leyes Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal; la General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro; la Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución, de la Ley de Amparo, así como la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

También las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Federal de Defensoría Pública; de Instituciones de Crédito, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional, y el Código Fiscal de la Federación.

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