Diputados aprueban dos reformas a la Ley General de Salud

*Uno para prevenir el suicidio y en el segundo, el paciente podrá tener acceso a su expediente clínico

México, 13 Oct (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de decreto por el cual se modifica la Ley General de Salud, uno para prevenir el suicidio a causa de trastornos mentales y de comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

El segundo documento es para establecer que los usuarios de servicios de salud, en el ámbito público o privado, tengan el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, así como a obtener una copia del mismo.

La asamblea avaló el primer dictamen elaborado por la Comisión de Salud por 377 votos a favor, uno en contra y una abstención, el cual adiciona una fracción V Bis 1 al Artículo 73 de la Ley General de Salud.

La minuta que fue turnada a la colegisladora para sus efectos viene de una propuesta presentada por la diputada panista, Karla Karina Osuna Carranco.

En su exposición de motivos, señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años de edad en todo el mundo.

En el país, agregó, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de cinco mil suicidios y en el 2013 alrededor de seis mil casos.

Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio, aseveró Osuna Carranco.

La legisladora de Acción Nacional hizo notar que las diferencias por sexo en materia de suicidio son notorias y constantes. En el año 2013, la tasa de mortalidad por esta causa fue 8.1 por ciento por cada 100 mil hombres y de 1.7 por ciento por cada 100 mil mujeres.

Reconoció como alarmante que la cifra 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil personas.

La diputada panista señaló la necesidad de que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomenten y apoyen la realización y promoción de programas para la prevención de suicidios.

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, Octavio Íñiguez Mejía, presentó, a nombre de la instancia legislativa, una modificación.

La adición de una fracción V Bis 1 al Artículo 73 de la Ley General de Salud establece:

V Bis 1. La realización y promoción de acciones para la prevención del suicidio a causa de trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

En el Artículo segundo transitorio se consigna que las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia.

También señala que se cubrirán con los recursos que aprueba la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Por otra parte el Pleno aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Salud para establecer que los usuarios de servicios de salud, en el ámbito público o privado, tienen el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, así como a obtener una copia del mismo.

El documento fue avalado por 393 votos a favor y adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al Artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud, el cual se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

En su exposición de motivos, la legisladora priista, Arlet Mólgora Glover, recordó los derechos constitucionales a la protección de la salud y al acceso a la información.

Además, resaltó que, a pesar de ello, algunas autoridades de salud e instituciones privadas niegan a los usuarios de servicios médicos la información contenida en su expediente clínico.

Asimismo, agregó, se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso a los deudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la realización y conclusión de trámites legales de importancia.

Mólgora Glover indicó que durante el año 2013, mediante el sistema electrónico Infomex se recibieron 97 solicitudes relacionadas con el expediente clínico, en 2014 fueron 160 y hasta el 31 de agosto de 2015 se registraron 59 peticiones, “lo cual demuestra el interés de la ciudadanía en acceder a la citada información”.

Sin embargo, la diputada del Revolucionario Institucional apuntó, “una de las dificultades que enfrentan los usuarios de los servicios de salud, es la negativa de acceder a la información de su expediente clínico, bajo el argumento de que el citado documento es propiedad de la institución de salud que lo haya generado y lo tenga en su posesión”.

Con la reforma aprobada todos usuarios de los servicios de salud podrán acceder a su expediente clínico o a una copia del mismo.

En el dictamen se señala que esta información deberá ser manejada con máxima discreción y confidencialidad por parte de los prestadores de servicios de salud.

Además, en todo momento el titular de los datos contenidos en el expediente clínico podrá oponerse y restringir en forma expresa el acceso a dicha información.

Aclara que el derecho de acceso a la información del expediente clínico también podrá ejercerse por representante legal debidamente acreditado, por el tutor, quien ejerza la patria potestad, quien acredite el parentesco en línea recta, y el cónyuge o concubino del usuario de servicios médicos.

Los prestadores de servicios de salud públicos o privados sólo permitirán el acceso al expediente clínico de los pacientes fallecidos a las personas señaladas en el párrafo que antecede, salvo en el caso que el extinto usuario lo hubiese prohibido en forma expresa y ello se acredite de manera fehaciente.

En el caso de los menores de edad, el acceso al expediente clínico se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor.

Afirma que el acceso al expediente clínico no podrá negarse a los sujetos legitimados para ejercer ese derecho, alegando la reserva de la información en términos de las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, como tampoco argumentando la propiedad del citado expediente por parte de la institución o prestador de servicios de salud.

El personal médico que acceda a los datos del expediente clínico en el ejercicio de sus funciones, deberá resguardar dicha información conforme al deber del secreto profesional.

Los prestadores de los servicios de salud tomarán las medidas administrativas pertinentes para proteger los datos personales contenidos en el expediente clínico, a efecto de prevenir el acceso, alteración, comunicación, difusión o cualquier otro manejo indebido o no autorizado respecto del referido documento.

En el Artículo segundo de los transitorios se consigna que la Secretaría de Salud contará con 90 días, a partir de la publicación de esta reforma, para adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto.

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