Curas informan que represores de dictadura piden perdón

SANTIAGO, Chile (AP) — Violadores de derechos humanos chilenos pidieron el viernes un inédito perdón por sus crímenes de lesa humanidad en una ceremonia ecuménica en el penal donde cumplen condenas, informaron tres sacerdotes que participaron en el acto.

Simultáneamente en las afueras del penal de Punta Peuco decenas de familiares de víctimas del régimen militar, 1973-1990, protestaban porque los 120 criminales condenados y recluidos allí no han revelado el paradero de más de un millar de desaparecidos que dejó la dictadura.

El capellán del penal, Pablo Alvarez, en declaraciones a los periodistas apostados en las afueras de la cárcel, distante 40 kilómetros al norte de Santiago, dijo que la ceremonia ecuménica se realiza hace años en esta fecha, pero que “lo nuevo de esta ceremonia es que ellos fueron los que pidieron que querían pedir perdón”.

La prensa no tuvo acceso al acto.

Alvarez precisó que 10 reos fueron los que pidieron perdón “por todo el daño causado”, y dijo que habían leído una hoja escrita individualmente. Indicó que cuatro de esos textos serían divulgados posteriormente.

Entre los que pidieron perdón, según Alvarez, estuvo Raúl Iturriaga, quien ocupó altos cargos en la policía represiva del dictador Augusto Pinochet y está condenado por la desaparición de decenas de opositores y por participar en la planificación del asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y de su esposa. También dirigió la Brigada Purén, especializada en aberraciones sexuales contra hombres y mujeres, según investigaciones judiciales.

Los sacerdotes informaron que otro que pidió perdón fue el ex cabo de ejército Basclay Zapata, condenado entre otros crímenes por la detención y desaparición del sacerdote español Antonio Llidó, en 1974.

“Nadie de los que yo escuché pidió que se le rebajaran las penas, nadie de los que yo escuché pidió amnistía”, señaló el cura Fernando Montes, uno de los promotores de la idea de que los criminales de lesa humanidad enfermos incurables o con padecimientos mentales deben ser liberados para que terminen sus días con sus familias.

El sacerdote Mariano Puga, que en dictadura vivió la tortura y debió salir al exilio, dijo que “quedó claro que no puede haber perdón si no hay reparación ni aporte a la justicia, aporte de la información que ellos manejan y que no han planteado ni ofrecido a los tribunales de justicia”.

Los familiares de las víctimas de la dictadura opinan que las peticiones de perdón de los criminales tienen como objetivo último pavimentar el camino para solicitar a los tribunales que les otorguen la libertad condicional.

Uno de los requisitos para pedir beneficios carcelarios incluye el tener la mitad de la pena cumplida y haber mostrado arrepentimiento del mal causado, según los protocolos del comité que otorga libertades diarias, dominicales o de fin de semana.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo en las cercanías del penal que la ceremonia realizada “es una escalada para buscar impunidad”.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que lo que “no podemos compartir nunca es que de esto se haga un show mediático en pos de la libertad de los violadores de derechos humanos”.

Punta Peuco es un penal con mucho espacio en comparación a las cárceles comunes, cuenta con césped, toldos y parrillas para realizar asados, entre otras granjerías que no se existen en los penales comunes del país.

La dictadura dejó 40.018 víctimas -incluidos 3.095 asesinados- de los cuales más de un millar siguen desaparecidos. Y siguen abiertos más de 1.000 juicios contra ex militares acusados de crímenes brutales que no admiten sus culpas ni revelan con quiénes actuaron.

Producto de un denunciado “pacto de silencio”, a casi 27 años del fin de la dictadura sólo se han identificado restos óseos de 167 desaparecidos.