Corte resuelve derecho a informar cuando es de interés público

México, 12 Sep (Notimex).- Los ministros de la Segunda Sala señalaron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.

Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron que en la negación del amparo del 13 de abril de 2016, al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, acusado de delitos fiscales, se privilegió el derecho de la sociedad a estar informado.

El caso se remonta a 2008 cuando la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Gómez Urrutia, al no acreditar una relación laboral mínima de cinco años, se encontraba fuera del país y existían averiguaciones previas en su contra por los delitos de administración fraudulenta, fraude específico en grado de coparticipación y asociación delictuosa.

Este asunto tiene origen cuando en la Secretaría del Trabajo, el entonces titular, Javier Lozano Alarcón, publicó un boletín en el cual se exponían las razones por las que dicha dependencia negó la toma de nota.

Gómez Urrutia demandó el pago de una indemnización por daño moral al argumentar que la información difundida por la Secretaría del Trabajo, constituía una actividad administrativa irregular del Estado, al causarle una afectación a su honra y dignidad.

Los ministros de la Segunda Sala concluyeron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.

Asimismo, determinaron que el caso Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información por la Secretaría del Trabajo.

Se consideró al quejoso una persona de impacto público, vinculado a uno de los conflictos mineros más relevantes en los últimos años y al pretender ejercer un cargo directivo en uno de los sindicatos más importantes del país, cuyos agremiados tenían derecho a ser informados.

Refieren los ministros que, aquellos casos en que el derecho a ser informado pueda entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación, la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe basarse en el cumplimiento de relevancia pública o de interés general.

En ese sentido, cumple dicho requisito si contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre personas con un impacto público o social.

Además, la información debe ser veraz, lo cual no exige la demostración de una verdad contundente, sino una certera aproximación a la realidad en el momento en que se difunde, es decir, la información que emita el Estado, sus instituciones o funcionarios debe reflejar una diligente difusión de la verdad.

México, 12 Sep (Notimex).- La Segunda Sala de la SCJN determinó en una tesis aislada, que el derecho a ser informado no es absoluto, pese que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, porque también debe proteger y garantizar el derecho al honor y la reputación de las personas.

Sin embargo, indicó, debe considerarse la posición prevalente del derecho a ser informado, por resultar esencial para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el fomento y desarrollo de una verdadera democracia.

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