Constitucionales, sanciones por explotación indebida del agua

México 7 Sep (Notimex).- Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron la propuesta del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, sobre el amparo en el que señalan como constitucionales infracciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.

Se resolvió el amparo en revisión 318/2016, en el que se reconoce la constitucionalidad de los artículos 119, fracciones VIII y XX, así como 120, fracción III, de la Ley de Aguas Nacionales.

El primero prevé las infracciones en materia de aguas nacionales consistentes en explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo y modificar o desviar los cauces y corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente.

El segundo prevé una multa que oscila entre los mil 500 y 20 mil días de salario mínimo como sanción por la comisión de las citadas infracciones.

El quejoso, quien interpuso el amparo, no acreditó contar con concesión para aprovechar las aguas nacionales superficiales del río Salado, en un ejido ubicado en el municipio de Ixtlahuacán, Colima.

Por lo anterior, se le ordenó la destrucción total y permanente de la obra construida para tal efecto y la imposición de las sanciones económicas correspondientes.

Inconforme, el quejoso impugnó los preceptos cuya constitucionalidad reconoce la Suprema Corte.

La Primera Sala determinó que si bien hay una relación entre el derecho al agua y a una alimentación adecuada, éste no se extiende al uso agrícola comercial, de tal modo que implique emplear un recurso natural de manera indiscriminada y sin atender al marco regulatorio que el Estado prevé para el uso y distribución racional del líquido.

Las infracciones impugnadas atienden a la protección de un bien jurídico tutelado en la Constitución y en diversos tratados internacionales, esto es, el derecho humano al agua.

Una obligación esencial del Estado reside en impedir que particulares, grupos o empresas menoscaben en modo alguno el disfrute de tal derecho y, en consecuencia, es necesario establecer un sistema regulador eficaz que prevea una supervisión constante.

En tanto, la fracción III del Artículo 120 no establece una multa excesiva, ya que establece montos mínimos y máximos que le permiten a la autoridad administrativa individualizar la sanción correspondiente.

Dicha sanción, concluyó el pleno de la Corte, atendiendo a los criterios previstos en el Artículo 121 de la Ley de Aguas Nacionales, como lo son la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y, en su caso, la reincidencia.

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