Es constitucional que radios sociales no accedan a patrocinios: Corte

México, 10 Ago (Notimex).- La Suprema Corte consideró constitucional que concesionarios de radio de uso social no accedan a patrocinios, pues el trato diferenciado entre estos y los de uso público se justifica en la medida en que cada uno tiene objetivos específicos y distintos, y no son jurídicamente iguales.

De esta manera, los ministros de la Segunda Sala resolvieron el amparo directo 80/2016, en el que estableció que el Artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es contrario a los principios de igualdad y no discriminación.

En el amparo, el argumento esencial de la parte quejosa consistió en considerar que la no inclusión de los patrocinios como fuentes de financiamiento para los concesionarios de radio de uso social es una medida desigual y discriminatoria.

Ello, expuso, debido a que esa fuente de financiamiento sí se reconoció para los concesionarios de uso público; por lo tanto, sin patrocinios se le impide realizar diversos actos encaminados a la consecución de su objeto.

Sin embargo, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicho argumento es infundado, pues si bien no se les da el mismo trato desde la perspectiva de sus fuentes de financiamiento, ello no significa que estén en una posición desigual o discriminatoria.

Los diferentes modelos de financiamiento que el legislador previó para cada tipo de concesión obedece a que cada una de ellas persigue objetivos distintos, expusieron en la sesión.

Conforme al Artículo 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones las concesiones de uso social tienen por objeto usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales para prestar servicios con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro.

En tanto, las de uso público buscan que los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno de la Ciudad de México, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público provean de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin ánimos de lucro.

En consecuencia, explicaron, el trato diferenciado respecto a sus fuentes de ingreso se justifica en la medida en que cada una de las concesiones tiene objetivos específicos y distintos y, por tanto, no son jurídicamente iguales.

Por tanto, consideraron que no hay obligación de darles el mismo trato en cuanto a dichas fuentes, específicamente permitirles a los de uso social tener ingresos por patrocinios, “pues el legislador está obligado a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

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