Congreso de Guanajuato aprueba auditoría sobre terrenos

Guanajuato, 16 Jun (Notimex).- El Congreso local ordenó auditar al gobierno del estado en el proceso que lleva a cabo de compra de tierras para una armadora automotriz, a instalarse en el municipio Apaseo El Grande.

En la sesión del Congreso se autorizó ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) la práctica de una auditoría integral a las operaciones del proyecto, así como la consolidación de los territorios en donde se establecerá el complejo industrial e infraestructura requerida para dicho proyecto.

El diputado Santiago García López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo que solicita se entregue un informe sobre todo lo relativo a la compra de terrenos para la instalación de la empresa.

El diputado manifestó que el Congreso del estado autorizó la donación de una reserva territorial al gobierno del estado de aproximadamente 607 hectáreas, a favor de la citada empresa con la finalidad de que se instalara y con ello generar empleos e impulsar el desarrollo económico de la entidad.

Aunque, subrayó, surgen dudas y cuestionamientos sobre el proceso de compra. “Cumplir con la normatividad en la compra no es suficiente para considerar que se hacen bien las cosas”, apuntó García López.

Manifestó que era exigible que todo proceso de la gestión pública fuera con plena transparencia y protegiendo en todo momento los intereses de los campesinos que comúnmente quedan en desventaja.

García López hizo diversos señalamientos sobre los privilegios a una empresa, con información, para que pudiera adelantarse a la compra de los terrenos donde se instalará la empresa.

Añadió que el informe sobre la formalización de los procedimientos de adquisición de los terrenos es de interés de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

“Se trata de una solicitud de diversas fuerzas políticas ante lo cual el Ejecutivo estatal debe responder con suficiente apertura y transparencia”, enfatizó.

El exhorto consiste en que el titular del Gobierno presente un informe puntual de los antecedentes registrales o el historial de la propiedad de por lo menos cinco años atrás; se muestren los nombres de los anteriores propietarios y nombres de cada uno de los particulares a quienes incluyó la afectación.

Además de todo lo relativo a los actos jurídicos hasta ahora celebrados para la expropiación e indemnización, el estatus que guardan esos procesos, así como una copia del expediente que contenga el perfil del proyecto.

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