Congreso de BC aprueba ley que castiga uso de suelos irregulares

Mexicali, 6 Ago (Notimex).- El Congreso de Baja California aprobó adiciones al Artículo 293 del Código Penal para castigar a funcionarios que autoricen urbanizar en suelos irregulares.

Por unanimidad los diputados aprobaron la iniciativa, propuesta por Roberto Dávalos, que adiciona la fracción XVII al Artículo 293 del Código Penal, el cual establece que el servidor público que infrinja esta ley comete el delito de abuso de autoridad.

Es decir, “cuando otorgue permisos, autorizaciones o aprobaciones para urbanizar o fraccionar el suelo, en cualquiera de las etapas en que se encuentre”, detalla la adición de la ley.

Especialmente cuando “sea omiso en verificar o exigir que los interesados cumplan con todos los requisitos previstos en la ley y sus reglamentos”.

Dávalos Flores argumentó en la exposición de motivos que su propuesta se debe a que muchas familias de Baja California han enfrentado problemas al adquirir viviendas fraccionadas en terrenos cuyas condiciones son irregulares.

Resaltó que fraccionadores han obtenido permisos aún en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos vigentes, lo que ha derivado en denuncias e inconformidades en contra conocidas inmobiliarias.

El representante popular perredista detalló que, incluso, muchas de las casas ofertadas y adquiridas por los clientes no contaron con agua potable y energía eléctrica, entre otras carencias, lo que está tipificado como violación al debido uso de suelo.

Muchos conjuntos habitacionales en la entidad carecen de acciones de urbanización como el Acta del Cabildo, que autoriza la incorporación del suelo rural al desarrollo urbano y la reincorporación para la construcción de unidades habitacionales.

Además adolecen de fianzas de garantía en obras de urbanización, así como de las actas de entrega y recepción que debieron gestionar y obtener las constructoras y las autoridades de los ayuntamientos para municipalizar los servicios públicos de los fraccionamientos.

Esos documentos incluyen las autorizaciones de fraccionamiento, fusión, subdivisión y relotificación de los terrenos.

“Nuestra obligación es establecer medidas legislativas que, en lo posible, ayuden a disminuir la incidencia, regulando obligaciones y prohibiciones más severas en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado”, subrayó Dávalos Flores.

La iniciativa, aprobada por la Legislatura local, se enviará al Ejecutivo estatal para su publicación en el Periódico Oficial del estado.