Baja California aprueba que jueces investiguen maltrato infantil

Mexicali, 13 Sep (Notimex).- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó que los jueces de lo familiar deberán ordenar de inmediato una investigación cuando una de las partes en conflicto manifieste la existencia de maltrato infantil.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, Roberto Dávalos Flores, refirió que por unanimidad se aprobó una reforma al Artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles del estado.

Explicó que se añade un párrafo al mencionado artículo donde se establece que el juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, tratándose de menores de 18 años.

Ello “cuando alguna de las partes manifieste que un menor de 18 años o incapaz es víctima de maltrato y se solicite que sea separado del presunto agresor”, indica el precepto.

“De inmediato el juez deberá ordenar la práctica de las diligencias que confirmen la existencia o no de dicho maltrato, solicitando la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado”, añade.

En su exposición de motivos, Dávalos Flores, inicialista de esta reforma, mencionó que la autoridad indicada para realizar un estudio en el que se pueda apoyar el juzgador para resolver es la dedicada a la protección de los menores de edad e incapaces.

“Comúnmente los padres que se encuentran atravesando por procesos de divorcio utilizan a los hijos como instrumentos de venganza y, al final, no siempre es verdad que éstos son víctimas de maltrato o de violencia familiar por una de las partes”, anotó.

De ahí la necesidad, indicó el legislador, de que sea la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia quien auxilie al juez en proteger a los infantes y que su personal capacitado en tema familiar emita una opinión técnica.

Dávalos Flores destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por el gobierno mexicano en el Artículo 4 señala que los estados adoptarán las medidas legislativas para proteger los derechos reconocidos en la convención.

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