Asambleísta Víctor Hugo Romo demanda por daño moral a Xóchitl Gálvez

México, 2 Ago (Notimex).- El asambleísta Víctor Hugo Romo demandó por daño moral a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, por las “difamaciones, mentiras y calumnias” sobre la administración pasada que él encabezó.

El actual diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abundó que promovió la demanda ante un juez civil por los constantes señalamientos de Gálvez Ruiz en torno a obras relacionadas con el parque Mexicanito y el Mercado Escandón.

“Ahora filtró una grabación donde un supuesto gestor, del gestor, del gestor, nos señala a su servidor y a David Razú como responsables de comprometer los permisos para realizar obras a favor de una empresa”, dijo.

Romo Guerra pidió a la actual jefa delegacional que presente las pruebas de esas acusaciones, porque de lo contrario tendrá que ofrecer las disculpas correspondientes, así como un depósito que dictaría el juez por el daño moral.

Explicó que decidió hacer válido su derecho a defenderse ante el Tribunal de lo Contencioso con un juicio civil en el que “irá hasta las últimas consecuencias”, porque no está dispuesto a consentir “la denostación, el argüende y la mentira fácil”.

Consideró que ella debe exhibir con pruebas y elementos a las autoridades correspondientes, como la Contraloría y los órganos fiscalizadores de la Ciudad de México, en caso de que considere que hay materia para investigar.

El asambleísta expresó toda su disposición a ser investigado, pero que sean los órganos fiscalizadores lo que determinen, sancionen, califiquen sus dichos y acusaciones, sin descontar las filtraciones a los medios de comunicación lo que, aseveró, también es un delito.

Acusó también a la jefa delegacional de hacer acusaciones sobre observaciones y auditorías de los órganos fiscalizadores que todavía están en proceso de revisión y aclaración, así como de retrasar de manera dolosa la información que sustenta cada obra y acción que se realizó cuando él estuvo al frente de la demarcación.

“La filtración de documentos, de información de una auditoría parcial, también es un delito, y eso se presentará ante la contraloría, quien también debe investigar por qué la delegada no entrega la documentación que piden los órganos fiscalizadores; esta es una omisión grave”, remarcó.

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