La termoeléctrica se levantaría en Huasco, en el norte, en una zona considerada de latencia, cercana al colapso por la emisión de contaminantes, porque ya operan otra termoeléctrica y una planta de una compañía acerera.
La resolución de la Novena Sala del tribunal de alzada acogió recursos de amparo presentados por la alcaldía de Huasco, su poblado de pescadores, y la ONG ambientalista Oceana.
La construcción de la termoeléctrica fue rechazada en junio del 2012 por la Comisión Ambiental de la Región de Atacama, que la calificó de contaminante, sin embargo, el comité de ministros reunido el 3 de diciembre último revirtió la decisión y aprobó el proyecto de la generadora de electricidad Endesa, de capitales españoles e italianos.
La Corte dijo que los informes y estudios de la comisión determinaron que el impacto sí existe, y que al revertir la prohibición, “se ha puesto en riesgo y se ha amenazado el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Punta Alcalde es un proyecto que planifica generar 740 megawatts, con dos unidades de carbón.
La Corte ordenó al comité de ministros, integrado por las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura Energía y Minería, reunirse de nuevo para pronunciarse sobre la decisión de la Comisión Ambiental regional.
Esta es la segunda resolución judicial en el año que ha paralizado importantes obras estimadas como contaminantes por organizaciones civiles e indígenas. En abril la Corte de Apelaciones de Copiapó, también en el norte, acogió un recurso de comunidades diaguitas y frenó el proyecto minero Pascua Lama, de la Minera Nevada, filial de la canadiense Barrick Gold Cop., paralizada y multada por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Otro episodio de la judicialización de proyectos energéticos se dio en agosto del 2012, cuando la Corte Suprema prohibió la construcción de la termoeléctrica Castilla, de capitales brasileños y alemanes.