Analizan impacto económico por derrame tóxico en río Sonora

Hermosillo, 9 Sep (Notimex).- Investigadores de los colegios de Sonora (Colson) y de la Frontera Norte (Colef), así como la Universidad de Sonora, realizan una estimación sobre el impacto económico del derrame tóxico en el río Sonora.

La titular del Centro de Estudios del Desarrollo del Colson, Liz Ileana Rodríguez Gámez, señaló que la propuesta de investigación tiene como objetivo efectuar una valoración económica objetiva y subjetiva de los activos productivos y ambientales dañados por el desastre ambiental.

El proyecto de investigación tiene como finalidad, indicó, replantear la pertinencia de la actividad minera como eje del desarrollo económico territorial.

Explicó que las estimaciones del impacto económico que provocó el derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 por parte de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México en el río Sonora no son precisas.

Refirió que en algunos casos son menores al daño real que causó en las actividades comerciales, pues no contemplan las afectaciones de los activos ambientales como el agua, el suelo y el ecosistema.

Detalló que se realizaron varias estimaciones por parte de agrupaciones diferentes y con distintos resultados y ejemplificó que la Cámara de Diputados midió el daño económico en 800 millones de pesos, mientras el comisariado ejidal en 700 millones.

Asimismo, abundó, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cuantificó los daños económicos en más de dos mil millones.

Los recursos que han recibido los pobladores de la región a través del Fideicomiso Río Sonora, con aportación económica del Grupo México, les permitieron a algunos vivir un determinado tiempo pero no volverán a producir.

“Entonces es un aspecto importante, se les ha dado recursos para que sobrevivan, no para que reanuden la producción”, dijo.

El nombre del proyecto es “Valoración del impacto económico de los desastres ambientales: El derrame de sulfato de cobre de la minería a gran escala en el Río Sonora”.

La investigación contempla el diagnóstico y la formulación de políticas públicas para reanudar el comercio y las actividades económicas en la región.

Será financiada con un presupuesto de 700 mil pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).