ALDF impulsará más recursos para Sistema de Justicia Oral

México, 4 Jul (Notimex).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) promoverá que el próximo año haya más recursos para darle viabilidad al nuevo Sistema de Justicia Oral, aseguró el diputado local priista Israel Betanzos Cortes.

Manifestó que dicho sistema de justicia debe garantizar que el culpable de cometer algún ilícito, debe estar en la cárcel, pero quien sea inocente debe gozar de plena libertad y de ejercer todos sus derechos constitucionales.

Reconoció que todavía falta mucho por avanzar, por lo que debe hacerse énfasis en la capacitación tanto de jueces, como de los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes judiciales.

Sin embargo, explicó que este sistema basado en la oralidad, ofrece el beneficio de si un ciudadano se ve involucrado en un conflicto podrá obtener una solución en menor tiempo.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dijo que el implicado estará en condiciones de elegir entre “una salida alterna o un procedimiento abreviado”.

El también coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ALDF sostuvo que es necesario informar a la población de los beneficios que le otorga este sistema.

Por ello, abundó, la comisión que preside comenzó una campaña de difusión sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal en la plancha del Zócalo y calles aledañas, a fin de que la ciudadanía se informe sobre sus beneficios.

“Hoy comenzamos una serie de actividades para informar a los capitalinos los beneficios y resultados que tendrá la implementación de este sistema, que busca proteger la intimidad y privacidad de quienes se involucren en un conflicto”, mencionó.

Betanzos Cortés explicó que sumado al combate a la impunidad, se fortalece la confianza en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, entre otros resultados con la llegada del nuevo sistema.

Finalmente, el legislador comentó que entre los objetivos principales están los de garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y, en consecuencia, una nueva racionalidad para la ejecución de penas.

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