Acusan a gobierno venezolano de violar derechos humanos en barrios

Caracas, 30 Jul (Notimex).- Asociaciones civiles acusan al gobierno venezolano de violar derechos humanos a personas humildes e inocentes en el desarrollo de la lucha que mantiene contra la delincuencia mediante los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP).

“Residentes de comunidades humildes a menudo son víctimas de la represión policial y son tratados como animales”, precisó José Calatayud, presidente del Consejo Comunal del barrio El Cementerio, ubicado en el sur de la capital.

En diálogo con Notimex el dirigente comunal dijo que durante los allanamientos, funcionarios policiales y militares realizan cientos de detenciones arbitrarias, golpean a los ciudadanos y desalojan de sus viviendas a niños, ancianos y mujeres embarazadas.

Agregó que tales operativos mostraron su rostro antipopular con el registro de al menos 200 personas fallecidas, en el primer semestre de este año, entre las que se cuentan delincuentes, policías y ciudadanos honestos que quedaron atrapados en la línea de fuego.

Carlos Alcalá, dirigente de la comunidad de la parroquia La Vega, en el oeste de Caracas, dijo que estos operativos deben ser eliminados ya que durante los mismos los funcionarios policiales y militares ejecutan, incluso ante la presencia de niños, a todo aquel que se les antoje.

Explicó que con la implementación de la OLP, el gobierno práctica desalojos masivos y destruye viviendas donde sospecha que viva algún delincuente solicitado por las autoridades. “Por eso los enfrentamientos a tiros son constantes”.

Alcalá dijo que el argumento utilizado por los policías y militares es que en determinada zona popular opera una banda delictiva y que la forma más fácil, aunque “inhumana” que han encontrado para combatirla, es acabando con el barrio y destruyendo sus viviendas”.

Destacó que en Caracas unos 200 barrios han sido desalojados y demolidas las viviendas, en muchos casos con los muebles adentro, y en el interior del país unas 800 comunidades han sido desalojadas por la OLP y obligadas a emigrar hacia otras regiones”.

El pasado año el presidente Nicolás Maduro declaró a los medios de comunicación que aquél que utilice su casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para atracar, bachaquear o vender drogas “se las voy a quitar como se las estoy quitando ahora”.

A juicio de Alcalá las medidas ordenadas por el presidente Maduro son ilegales e inconstitucionales, ya que los estándares sobre el derecho a la justicia establecen que los castigos no deben trascender a la persona señalada de haber cometido un delito.

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